Reflexión: consultar
El tema de los liderazgos públicos, se convierte hoy en un imperativo para mejorar la gobernanza de las instituciones y los diversos sectores de la región. Las sociedades democráticas y participativas necesitan cada vez más personas que interactúen entre ellas, intervengan en la toma de decisiones públicas, generen diálogos constructivos, planificando el accionar público de manera transparente y colaborativa.
Estos esfuerzos pueden verse reflejados en el resultado de un arduo trabajo en negociaciones entre países de América Latina y el Caribe para firmar el Acuerdo de Escazú, con el que se pretende garantizar la inclusión de la ciudadanía al acceso a la información ambiental y a la participación en las políticas públicas relacionadas al tema que aborda el acuerdo. Además, si vemos el mapa del índice de democracia ambiental, observamos que los países de la región poseen un puntaje que refleja marcos legales adecuados para defender temas ambientales pero ¿Es suficiente? ¿Se puede ver reflejado en la realidad la calidad de estas leyes con una mejora en el tema ambiental?.
Con el fin de compartir, visiones y potenciar el dialogo en nuestra región sobre este tema, iniciaremos el diálogo con las siguientes preguntas:
¿Qué elementos se puede citar, de acciones participativas en sus países, que nos lleven a indicar que fue un espacio de liderazgo participativo, inclusivo y de incidencia determinante para reorientar el rumbo de un proyecto, política o situación determinada?
¿Hasta dónde podemos considerar que el liderazgo participativo es suficiente y efectivo para el cambio y cuán lejos estamos de esa aspiración?
Comentarios
Buenas tardes desde CR y mas tardes en otros paises de LA.
Mi nombre es Olman Mora Navarro, de Costa Rica. Como habrán notado estare coordinando el foro que damos inicio hoy sobre Participación Ciudadana: analisis de casos ambientales. Estara coadyuvando en esta coordinación, el colega y amigo, don Luis Paternina.
Me place mucho retomar contacto con amigos del área latinoamericana o quizá será el momento de crear nuevos amigos y contactos para el análisis de este tema que nos convoca u otros que vendran en el futuro.
Estamos planteando como tema central la participación ciudadana, como un eje de vital importancia para no solo recobrar derechos o hacer renacer derechos en nuestros países, sino tambien, para reflexionar y afinar la puesta en práctica de nuestros deberes como ciudadania. Pero para ello, necesitamos de mucha transparencia, de acceso a la información clara y que responda a los intereses de lo que se consulta a la institucionalidad (publica o privada) sobre todo en los "asuntos difusos" como lo es el Ambiente. Conocidos así desde la jurisprudencia la materia ambiental es de todos y de nadie en particular. Cualquier accion positiva que se haga desde las leyes o desde la politica publica benefica a todos por igual, más si se produce un daño al ambiente, nos afecta a todas las personas y las especies naturales.
En este sentido, nos gustaria, invitarles cordialmente a debatir y dialogar de manera introductoria, sobre lo planteado, con el ánimo de conocer su percepción y punto de vista e ir profundizando en las preguntas arriba planteadas. Asi mismo, les invitamos ha hacer revision de los materiales que se disponen sobre la tematica de marras e ir contruyendo un dialogo acertivo y tendiente a provocar cambios en la manera de ver la participación ciudadana y el acceso a la información. No solo conocer la efectividad de los posibles instrumentos legales que se han diseñado y aprobado en nuestros paises para potenciar la participación ciudadana y el acceso a información, sino más importante quiza, a la luz de casos concretos de nuestros paises ver la implementación práctica........
Les esperamos en los siguientes días para compartir y dialogar conjuntamente....
Saludos cordiales desde Costa Rica para todos y todas
Olman Mora.
Saludos a tod@s
Primero quiero agradecer el espacio y apertura a la temática planteada cuyo eje central se da en dos temas que desde mi experiencia profesional y personal y que considero fundamentales para el liderazgo público y la planificación del desarrollo en América Latina y especialmente en Colombia que es desde donde se aborda mi aporte: la participación ciudadana y el medio ambiente, que en sumatoria proponen una visión más amplia orientada a la gobernanza ambiental, es desde estos conceptos y la interpretación de los mismos en nuestras realidades que comparto algunos pensamientos sobre el ejercicio de análisis
¿Qué elementos se puede citar, de acciones participativas en sus países, que nos lleven a indicar que fue un espacio de liderazgo participativo, inclusivo y de incidencia determinante para reorientar el rumbo de un proyecto, política o situación determinada?
Con el fin de contextualizar los procesos que desde la legislación colombiana se han dado en ambas temáticas, quiero hacer referencia a los procesos que en materia de medio ambiente se han desarrollado en Colombia, los cuales han sido realizados a partir de la estrategia de desarrollo en la segunda mitad del siglo XX y hasta la década de los noventa, el cual se caracterizó por una política proteccionista, para favorecer el desarrollo industrial nacional. En general, se impulsó el modelo de sustitución de importaciones en combinación con la promoción de exportaciones. A partir de 1990, el país se insertó en la propuesta de globalización promovida por los países de mayor desarrollo tecnológico y concentración de capital. Estos dos tipos de modelos (proteccionismo y globalización) han determinado la forma como ha evolucionado la industria, el comercio y la agricultura colombiana y su interrelación con los recursos naturales y el medio ambiente, generando diferentes situaciones ambientales que han afectado afectando la calidad de vida de la población que habita los territorios urbanos y rurales de nuestro país. (Sanchez Pérez, 2002).
Con el fin de controlar estas situaciones, en el año de 1974 se expidió el Código de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, el cual incidió sustancialmente en el manejo y administración de los mismos y el cual sigue siendo la principal norma en materia ambiental de nuestro país. Además como complemento a esta “norma de normas” la Constitución Política Nacional de 1991, introdujo nuevos cambios en materia de legislación ambiental con la incorporación de 60 artículos sobre la protección ambiental, entre los que sobresalen: el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para lograr estos fines; prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental; garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el ambiente sano; y la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas, Igualmente, se integró expresamente la dimensión ambiental a los planes nacionales de desarrollo.
Desde la participación la constitución política Nacional de 1991 consagró a Colombia como “Un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” y sobre los cuales se reglamenta la ley No. 134 de 1994, o ley estatutaria de participación.
Con la ley reglamentaria se incorporan mecanismos para la participación política y ciudadana en los diferentes escenarios del Estado, como el voto, el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto; además, delega al estado la responsabilidad, promoción y capacitación de las diferentes organizaciones sociales para que tengan presencia y representación en las instancias de poder y decisión, en la planeación, ejecución y control de la gestión pública.
¿Hasta dónde podemos considerar que el liderazgo participativo es suficiente y efectivo para el cambio y cuán lejos estamos de esa aspiración?
Pero bajo los elementos de política pública anteriormente expuestos, sobre la participación y la gestión ambiental se establecen diferentes significados que transcienden más que a la aplicación de una norma y es el real sentido que tiene en cualquier Estado el concepto de participación en materia ambiental, de acuerdo a los intereses y ópticas interpretativas que sobre estos conceptos se tienen, con lo que se pretende que las comunidades se reconozcan como actores de su historia en el ámbito social, político, económico y cultural y ejercen los derechos individuales, comunitarios y sociales, sobre la posibilidad de gozar de un ambiente sano y participar en la toma de las decisiones (Ambiente., 2001) es decir, que la participación no se limita a la consulta de información o de opiniones, sino que por el contrario permite el conocimiento, análisis y toma de decisiones que tienen relación con la protección y mejoramiento de su realidad, y que trasciende en la interrelación entre lo social y lo cultural, pero estas decisiones no se toman en asambleas deliberatorias o por votación, lo que se pretende es que todos los actores sociales estén en la capacidad de analizar, debatir y proponer acciones colectivas responsables de manera tal que se promueva el fortalecimiento de las relaciones Estado y sociedad. “No nos interesa el fortalecimiento de una sociedad civil que conspira contra el Estado o que quiere remplazarlo en sus funciones de control y regulación social. Nos interesa la sociedad que se reconoce como gobernada y que sin perder su independencia y autonomía, es capaz de fortalecer al Estado y de mejorar su margen de maniobra y su posibilidad de dirimir conflictos (Bolivar, 2000)
Los mecanismos de participación ciudadana en la gestión ambiental que reconoce la Constitución Política Nacional y reglamentada a través de la ley de medio ambiente (Titulo X de los modos y procedimientos de participación ciudadana. Ley 99 de 1993) se dan en dos sentidos:
Es importante reconocer, que el tema de participación ciudadana en la gestión ambiental, se encuentra muy relacionado con los conflictos ambientales presentes en cada territorio, dado que en allí se presentan diferentes situaciones e intereses económicos, políticos, sociales y de uso de los recursos naturales.
Pese a los soportes normativos e incipientes esfuerzos que desde la Constitución Política Nacional, se han definido para garantizar la participación de la ciudadanía en la gestión ambiental en nuestro país, aún quedan muchos pendientes en esta materia, como:
En este sentido la participación ciudadana en los diferentes aspectos ambientales requiere de la participación directa y activa de los diferentes actores sociales a través de procesos educativos y comunicativos que permitan entender, comprender y darle salidas a los conflictos ambientales o situaciones que les impliquen el apoyo en la toma de decisiones. En este sentido la propuesta va hacia la educación ambiental, la participación ciudadana y la comunicación como principales agentes de cambio, orientados a la construcción y el seguimiento de los modelos como procesos clave de entendimiento, desarrollo y bien común.
Olga Patricia Quintero
En respuesta a Buenas tardes desde CR y mas… por Olman Mora
Buen día Olman! Excelente temática y material de respaldo! generan reflexión e interés por investigar más sobre el tema.
En la consigna planteas que elementos de acciones participativas podemos citar en nuestros países, que además expongan liderazgo participativo y que reorienten el rumbo de políticas públicas...
Analizaba en la Argentina, ya que se encuentra vigente la legislación ambiental denominada "Presupuestos Mínimos", un esquema interesante para la lógica federal, donde el gobierno nacional estableció los requisitos mínimos para la defensa ambiental y las Provincias y Municipios pueden exigir por sobre ese mínimo, nunca menos. Sin embargo, tal como mencionas en el documento preparado, el índice Democrático expone importante legislación en la región (es también el caso de la Argentina donde incluso hay mecanismos participativos regulados (en otros casos solo están enunciados), una Dirección específica y el COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente). Es decir, herramientas para la participación existen y son relativamente recientes.
Entonces, me dispuse a hacer un repaso en la Provincia de Misiones, única provincia argentina que cuenta con un Ministerio de Ecología Provincial, muy importante para esta región. En la legislación que aplica este organismo, se encuentra la ley de estudios de impacto ambiental, la cual establece la obligatoriedad de la audiencia pública una vez que los proyectos son presentados en dicho Ministerio.
Repasando los diferentes casos que se desarrollaron, noto que en principio son pocos los actores que se involucran en las mismas siendo que publican por diferentes medios de comunicación. Si bien este requisito legal es interesante, señalo dos observaciones:
a. en principio la idea de "proceso y continuidad" que señala Olman en el documento introductorio. Estas audiencias en general, comienzan y terminan en un acto concreto, sin permitir una evolución.
b. la idea de participación temprana en las políticas públicas. Este esquema me parece que no responde con tal criterio porque las audiencias públicas se desarrollan cuando el proyecto ejecutivo y su estudio de impacto ambiental ya están desarrollados.
Sin embargo, encontré un caso que me llamó mucho la atención por la riqueza de su contenido (dejo el link a continuación). Se trata de la propuesta de abrir un camino en el Lote 8, el cual involucra a comunidades guaraníes y se trata de una reserva natural provincial que alberga a los Saltos del Moconá, dos componentes muy fuertes. Esta propuesta se realiza por el Ministerio de Ecología ante la Legislatura Provincial en 2014 y las repercusiones fueron intensas. Por un lado la misma comunidad guaraní exigió cualidades para ese camino como ser de escala peatonal, varias organizaciones de la sociedad civil se alertaron y movilizaron exigiendo acceso a información más detallada e incluso solicitaron audiencia pública con el estudio de alternativas y no posterior, ya con el proyecto desarrollado. Esto demuestra, conocimiento de derechos, exigencia de los mismos e incluso petición por participar tempranamente de las decisiones políticas.
Este caso, me atrevo a decir que, sentó un precedente porque la decisión política tuvo que replantear varios momentos de decisiones, tuvo actores informados presionando, la comunidad directa planteando exigencias y organizaciones de la sociedad civil redoblando la apuesta por mejorar las estrategias de participación ciudadana...uno podría decir que incluye elementos de una nueva gobernanza ambiental con liderazgos públicos activos.
Les dejo el link para mirar mejor el caso.
saludos a todos y todas!!
http://www.cofema.gob.ar/
https://misionesonline.net/2014/11/02/la-consulta-publica-es-obligatori…
http://www.ecologia.misiones.gov.ar/ecoweb/index.php/784-audiencia-publ…
Hola Buen día y Saludos Valeria, gracias por sus comentarios y detalles que compartes.
En efecto, hoy quizá más que nunca, la participación comunitaria y de la ciudadanía, se hace más patente, ante los efectos de la globalización de la economía, el libre mercado y la comercialización de los bienes ambientales; en cualquiera de sus manifestaciones organizativas se vuelve imprescindible y necesaria. En Latinoamérica, hay casos y experiencias muy válidas relacionadas con la gestión de los recursos naturales. El caso que citas de los presupuestos mínimos es una señal positiva y afirmativa , en el sentido de que desde las estructuras de Estado, ya se define un presupuesto para la protección. En mi país algo similar existe con el sistema de Parques Nacionales y Áreas Protegidas, pero aún falta más en el tema "participativo", algunos hablamos "conservación con la gente", creando la condiciones para que se tenga protección con calidad de vida. Sin embargo, en el pasado (70`s) la misma institucionalidad cometio el error de hacer "conservación sin la gente" creando "asperezas y conflictos" desarrollando una práctica y poco interes de los ciudadanos por defender su patrimonio. Hoy en la nueva lógica conservacionista, uso y protección, queremos que la gente y la ciudadania participe y viva de sus recursos, la gente sabe quien hace daño y quien no, y ante la falta de personal y limitados recursos institucionales, la estrategia esta en las comunidades. Cuando no se toma en cuenta la gente, las acciones y decisiones, que la institucionalidad diseña y quiere ejecutar, tendran poca efectividad y sostenibilidad en el tiempo. Por otro lado, es muy usual en esta gestión participativa, lo que se ha denominado como "audiencias públicas" que tambien relatas. Muchas veces estas acciones quedan en una "mera consulta de trámite", sin vinculación alguna que se tome en cuenta lo que las organizaciones y comunidades expresen para mejorar el proyecto. Más aún cuando los proyectos son declarados de "interes público" lo que diga la gente no es vinculante, por ello suceden las reacciones negativas que hacen que el no llegue a un feliz termino. Por ello, hay que avanzar más hacia una participación informada y conciente desde la institucionalidad y desde la ciudadania. Los recursos son y deben ser de la colectividad y no de la institucionalidad, ésta debe facilitar el acceso en condiciones igualitarias entre las organizaciones y comunidades.
Lo que mencionas Olman respecto al rechazo que producen estas audiencias con formatos cerrados es generalizado. En la Argentina tenemos otro caso que marcó la diferencia, los ciudadanos de Gualeguaychú (Entre Ríos), los cuales comenzaron una movilización en 2005 un fuerte reclamo de rechazo a la instalación de fábricas de pasta de celulosa en la ciudad al otro lado del río: Fray Bentos (Uruguay). Estas son ciudades fronterizas hermanas, por lo que los impactos son compartidos. Esta movilización fue tan grande que institucionalizaron el reclamo, generaron congresos permanentes, formalizaron en una ONG, etc. Lo bautizaron como "Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú". Es curioso como el nombre de la ONG no es la causa de se reclamo sino el modo en que levantaron la voz: por asamblea ciudadana.
Es un caso interesante que movilizó desde el territorio local al país entero y finalmente el caso, quedó en la justicia internacional. Sentó un precedente muy fuerte de empoderamiento donde por ejemplo, la asamblea se reunía y el Intendente era un invitado sentado a la mesa para responder y aportar de igual manera que cualquier otro ciudadano; la horizontalidad de estos espacios y su capacidad para desafiar la verticalidad administrativa de nuestros estados, es uno de los puntos destacables.
En 2017 la ciudad fue anfitriona de la Unión de Asambleas Ciudadanas Ambientales del país, demostrando que la temática sigue en la agenda pública con la fuerza de los actores que lo impulsan y sostienen desde hace más de una década y con la inteligencia de formar redes, ampliar territorios e incluir mas voces!
http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=143248&ID_Seccion=33
https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/173008/La-ciudad-recibe-a…
saludos y buen fin de año para esta Red!
Valeria
En respuesta a Hola Buen día y Saludos… por Olman Mora
Hola Valeria, espero que hayas iniciado un nuevo año muy bien y los mejores deseos para usted y quienes le rodean, lleno de paz, amor y Salud para el desarrollo de acciones por el bien del ambiente y sus recursos y para el bienestar de muchos........
Con respecto a su aporte, pienso, como lo hemos venido comentando, conforme los problemas ambientales se acrecientan, la participación ciudadana incrementa su participación.....pues el objetivo debe ser el defender los recursos como fuente de vida y conservación. Habra recursos finitos que hay que conservar para sostener la estabilidad ambiental y otros recursos con posibilidad de regeneración que se deben proteger para "sobrevivir".....como especie humana.
Lo que si debe estar claro, es que la institucionalidad tradicional, debe cambiar más su tradicionalidad en su funcionamiento, debe perder el "miedo" y abrirse a la "escucha" y "propuesta" de los verdaderos beneficiarios de los recursos, quienes protegen y viven sosteniblemente de ellos. Como lo manifiestas muy acertadamente, hay que avanzar hacia procesos mas horizontales antes que los verticales....la institucionalidad no siempre tiene la razón, no es dueña de los recursos y no tiene la ultima palabra sobre lo que se debe hacer.......esto es construir participativamente una nueva gobernabilidad de las cosas con la participacion de muchos actores.
Con la sintesis que presente en el documento denominado Gobernabilidad y Gestión Ambiental, eso era lo que pretendiamos en Costa Rica, para implementar en todos los procesos de toma de decisiones la práctica del principio 10 sobre participación. Fue una experiencia exitosa, pero falta mucho por hacer, y en eso continuamos....
Gracias por los anexos adjuntados, que dan cuenta, de lo sucedido y eso dice mucho, pues la informaciòn informa y sensibiliza a la población.....eso ayuda al cambio....
Saludos amigos y amigas de la red, espero que hayan pasado felices fiestas de navidad e inicio de año nuevo...que este lleno de paz, amor y salud para todos y todas, para el desarrollo de acciones positivas en favor del ambiente y la sociedad......
Les insto a participar activamente, en este chat. Sabemos que hay mucho conocimiento y que compartir sobre el tema de la Participación Ciudadana en relación con el ambiente y sus recursos. Por tanto, es importante su aporte sobre el tema.
Tambien contemplamos que el mes de diciembre 2018, era dificil para tener una actividad acadèmica y de dialogo sobre un tema en particular. Pero aun queda tiempo para sus aportes, así es que los esperamos!!!!
Olman Mora
Moderador Participación Ciudadana: Analisis de casos ambientales
Costa Rica
Hola Olga, gracias y disculpe el no haberme referido aun a su importante aporte. Ayer escribi, pero hoy revisando veo que no esta el comentario de retroalimentación que realice a sus aportes, algo paso o no lo guarde. Va de nuevo.......!!!
Primero muchas gracias por considerar el tema dentro de sus quehaceres diarios. En efecto, el camino recorrido por Colombia en cuanto al sistema de desarrollo adoptado, marcado por un proteccionismo y sustitución de importaciones en los 60, 70 y 80´s y posteriormente la apertura a la importación y libre comercio (globalización 90´s-2000 en adelante), ha sido la misma ruta seguida por muchos de los países de latinoamerica. Este tipo y estilo de desarrollo, en muchos casos usufructuando de manera privadea de los recursos naturales de cada uno de los países. En este contexto el tema y la acción de la participación era un poco invisibilizado por la administración pública y privada.
La inacción social, entre otras cosas, permitio el deterioro de los recursos y un alto impacto ambiental. Se requiere pasar de una participación ciudadana pasiva y de escucha a una participacion activa, comprometida, escuchada y que se tome en cuenta su oponión sobre lo que le pertenece a todos, la naturaleza y sus recursos.
Es a partir de la primera mitad de la década de los 90´s en que se crea nueva legislación y se remoza otra. En el caso de Costa Rica, se unen varios departamentos con actividades ambientales y se da inicio a la creación del Ministerio de Ambiente y Energía, sobresale la legislación relacionada con el ambiente: Se crea la Ley del Ambiente, que incorpora importantes avances en materia de estudios de impacto ambiental, participacion ciudadana (en donde se expresa puntualmente que el Estado y las Municipalidades fomentaran la participacion activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente), ordenamiento territorial, agendas y regulaciones especificas con el agua, suelo, energia y aire, impulso a la producción ecológica, incluyeno un capítulo sobre participacion ciudadana creando los consejos regionales ambientales, entre otros.
Igualmente, surge la ley de biodiversidad en donde sobresale el tema de pago de servicios ambientales, el establecimiento de áreas de conservación y sus consejos regionales y locales de áreas de conservación, donde forman parte por primera vez (al igual que en la ley del ambiente), organizaciones y líderes de la comunidad, para definir acciones y politicas de administración y gestión del ambiente, regulaciones CITES, daño ambiental, consentimiento informado, etc. De igual manera, en materia de regulación de la vida silvestre surge la Ley de Vida Silvestre y en materia forestal, se crea y se implementa la Ley forestal.
Finalmente, con el fin de asegurar más la protección del ambiente, en la administración presidencial del 2002-2006, se modifico el articulo 50 de la Constitucion Politica del país, estableciendo, palabras más, palabras menos, que todo ciudado tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por ello esta en el derecho de denunciar lo que infrinja ese derecho y reclamar la reparación del daño causado, y que el Estado tutelará dicha acción.
En nuestro país, se ha institucionalizado más el tema a partir de la aceptación y implementacion de actividades basadas en lo que establece el principio 10 sobre participación, como por ejemplo, el documento sobre Gobernabilidad y Gestión Ambiental (anexo a este foro), trato de sistematizar un evento sobre participacion practica en zonas conflictivas como la cuenca del tarcoles, cuenca altamente contaminada por residuos ordinarios y peligrosos, conformada por diferentes ríos que cruzan San José y otros que drenan hacia el mar pacífico costarricense. También, para determinar el grado de preparacion y apoyo de la institucionalidad con respecto a la participación, el documento que se trabajo con diferentes expresiones participativas bajo el titulo de Participación Ciudadana en lo Ambiental, entre la eficacia y el conflicto, reseña ese estado de situación.
A pesar de las debilidades, creemos que hay también fortalezas, tenemos suficiente legislación para potenciar la participacion y tener un mejor ambiente y sus recursos, solo hay que aplicar y fomentar objetivamente su implementación. Para ello es primordial el tema de la Educación, un ciudadano informado y capacitado es un agente transformador y puede gestionar los recursos de manera sostenible para su vivencia y reproducción diaria. Mientras que cuando se carece de informacion y capacitación es posible que consuma los recursos de manera irracional hasta llegar al exterminio ( a veces la institucionalidad no comprende esta situación). De ahi la importancia de desarrollar procesos de capacitacion, de conocimiento de los recursos existentes, de su vulnerabilidad y el como mantenerlos en el tiempo.
Muchas veces en el quehacer diario, en mi parte institucional y colegas, uno escucha mensajes negativos y pareciera ser que desean que la ciudadania cada vez "conozca menos" para que no cuestione y por eso al inicio del planteamiento de este foro deciamos que la institucionalidad debe cambiar en su funcionamiento, debe promocionar una apertura y escucha inteligente para gestionar los recursos naturales y el ambiente. Recuerdese que los habitantes pueden ser fieles protectores pero tambien esos mismos ciudadanos puedes ser fieles destructores o depredadores. Así las cosas, estimada Olga, vamos caminando, a sabiendas que nos falta afinar más para que esos espacios de participación existentes en las diferentes leyes sean de verdad efectivos y respectados por la institucionalidad y por la ciudadania, para que sean verdaderos constructores de su propio desarrollo. La institucionalidad debe velar y ser facilitadora de mejoras en las condiciones ambientales y sociales.
Continuamos conversando.......
Saludos
Olman Mora
Mil gracias, por sus comentarios, ya que como se evidencia, el camino de la participación en la gestión ambiental, no es fácil, en especial para paises en contextos sociales, politicos y económicos como los nuestros.Haciendo referencia a esta situación quiero compartirles un texto que elaboré con base en una experiencia laboral en la insititución encargada de administrar los recursos naturales en el Valle del cauca. Cabe aclarar que el articulo, es el resultado de un ejercicio, que se realizó con el apoyo de la Universidad del Rosario de colombia sobre Conflictos, derechos humanos y participación ambiental: una mirada desde el Valle del Cauca, en el año 2014, como un ejercicio académico para analizar diferentes conflictos ambientales que se presentan en el área de jurisdicción de este departamento colombiano, donde se resalta la importancia de la educación y la participación ambiental para su transformación.
El conflicto ambiental por la quema de caña: ¿Un escenario para la participación ciudadana?
Dentro de la agroindustria de la caña de azúcar, la cosecha constituye una de las labores más importantes en todo el proceso de cultivo de la caña. En este proceso, el sector azucarero ha desarrollado la práctica de la quema con el fin de garantizar la productividad. Sin embargo, esta ha generado impactos socioambientales para las poblaciones cercanas a los cultivos.
En este documento se presenta un análisis sobre dos aspectos del conflicto ambiental: 1) el proceso de gestión del conflicto con los diferentes actores sociales relacionados, teniendo en cuenta el impacto que ocasiona esta práctica en el Valle del Cauca, y 2) cómo ha participado la comunidad y la autoridad ambiental para resolver el conflicto.
Contexto del conflicto ambiental
Desde el siglo xvi, el cultivo de la caña de azúcar se convirtió en una actividad de importancia económica y social en Colombia, específicamente en el valle geográfico del río Cauca. Actualmente en esta región existen aproximadamente 223.000 hectáreas sembradas en caña de azúcar por grandes y medianos cultivadores, de las cuales el 20 % corresponde a tierras propias de ingenios y el restante 80 % a más de 2700 cultivadores de caña. Actualmente el sector genera cerca de 200.000 empleos directos e indirectos, es decir, más de un millón de personas dependen de la actividad azucarera. Si se tiene en cuenta la composición demográfica de las familias de la región, algo así como el 30 % de la población del departamento del Valle del Cauca y el 2,4 % de la colombiana.
La práctica de la quema se realiza desde la década de los setenta y res- ponde a la carencia de mano de obra y a la necesidad de minimizar los costos de producción. Con la quema se elimina el follaje de la caña en el momento de la cosecha para incrementar la eficiencia de la mano de obra y disminuir el efecto de la pelusa en los corteros. Sin embargo, esta práctica ha impactado en el medio ambiente y en la población que habita las zonas aledañas al cultivo: molestias por el humo y la ceniza, alteración de la calidad del aire respirable y reducción de la visibilidad en las vías.
Gestión de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
En este caso, la acción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (cvc) se enmarca dentro de un complejo andamiaje de normas jurídicas del orden nacional. A continuación se presentan las principales actuaciones del Gobierno Nacional relacionadas con el tema, para finalizar con un breve recuento de la acciones adelantadas por la cvc.
En 1995, el Ministerio de Medio Ambiente promulgó el Decreto 948 del 5 de junio, en el cual se definían el marco de las acciones y los mecanismos administrativos de que disponen las autoridades ambientales para mejorar y preservar la calidad del aire y evitar o reducir el deterioro del medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana, ocasionada por la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire. Estas medidas buscan mejorar la calidad de vida de la población y procurar su bienestar, bajo el principio del desarrollo sostenible.
En 1996 se creó el Convenio Marco de Concertación para una Producción más Limpia, donde se firmó un acta de compromiso con el sector azucarero para atender el problema de la quema de follaje de caña y su impacto en la población.
Ocho años después, el Ministerio de Ambiente evaluó los resultados del convenio midiendo la calidad del aire en el área de influencia del sector azucarero (municipios de Cerrito y Palmira) y estudiando la calidad del aire en el área de influencia de cultivo de caña. Además, se realizó otro estudio sobre el comportamiento del viento para determinar las condiciones óptimas de quema de caña.
En abril del 2005, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te- rritorial publicó la Resolución 0532, mediante la cual se “fijan las condiciones y obligaciones, para las quemas abiertas controladas en las áreas rurales en actividades agrícolas y mineras” y que reglamenta el artículo 30 del Decreto 948 de 1995, que establece las distancias mínimas y horarios para la realización de las quemas.
Amparados por esta resolución, el sector azucarero, a través de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar (Asocaña), solicitó la renovación del permiso colectivo de emisiones atmosféricas para la práctica de las quemas abiertas controladas, permiso que fue otorgado por la cvc, mediante la Re- solución D. G. 0058 Bis del 24 de enero del 2006. Es de resaltar que, además de los diferentes requerimientos técnicos y ambientales dispuestos en esta resolución, se incluyó el componente de participación de los actores sociales localizados en el área de influencia de las quemas. El objetivo de este proceso era facilitar una gestión ambiental de la mano de los actores comunitarios, orientado al análisis y concertación de las acciones para mitigar los impactos ocurridos por efecto de la quema de la caña de azúcar. Adicionalmente, se con- formó un comité de veeduría ciudadana legalmente establecido para realizar el seguimiento y la evaluación de los resultados del proceso de socialización y concertación comunitaria.
Actores visibles frente al conflicto
Durante el proceso de participación de actores sociales se identificaron cuatro actores sociales clave: 1) los productores, integrados por Asocaña, los ingenios azucareros y la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar (Procaña); 2) los cosechadores, en los cuales que se incluyen los trabajadores de campo, corteros de caña y proveedores de los ingenios; 3) los actores comunitarios, teniendo en cuenta las comunidades localizadas en el área de influencia de los ingenios y cultivos y los grupos sociales y políticos existentes en este territorio, y 4) el sector institucional, en el que se encuentran reunidos la cvc, las administraciones municipales, la Contraloría Ambiental y Agraria y la Gobernación del Valle del Cauca.
Análisis del caso a la luz del enfoque de derechos humanos
Por el impacto que tiene la práctica de la quema de la caña en las comunidades asentadas en áreas aledañas al cultivo, desde el enfoque de derechos humanos se definió una propuesta de trabajo orientada a generar un proceso que per- mitiera que las partes en conflicto encontraran la mejor forma de satisfacer sus necesidades, creando y construyendo un plan de trabajo conjunto que mitigara los impactos que la quema de caña ha generado en el ser humano y en el medio ambiente.
Por lo anterior, la Dirección Ambiental Regional Suroriente de la cvc decidió orientar desde una visión interdisciplinaria el proceso de resolución de conflictos ambientales relacionados con la quema de caña de azúcar. Co- mo primer paso se buscó identificar las causas y consecuencias del deterioro ambiental, para luego poder intervenir como mediador en el tratamiento de las problemáticas. El objetivo era articular la gestión del conflicto desde los tres elementos que integran el componente de la dimensión humana para la Corporación: la participación, la educación ambiental y la comunicación. Con el grupo de trabajo conformado entre el sector azucarero y la cvc, como facilitadora del proceso de gestión del conflicto, se identificaron las cau- sas naturales, socioeconómicas y culturales por las que ocurren los incendios en el cultivo de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca. Este análisis le permitió al sector clarificar el origen, la estructura y la magnitud del problema, identificando tres causas críticas por las que ocurren los incendios:
1) deficientes relaciones de los ingenios con las comunidades y municipios vecinos, 2) deficientes relaciones con personal del gremio (proveedores y cor- teros) y 3) deficiente difusión de procesos y procedimientos normativos a la población relacionada con la quema de la caña.
Con base en este análisis el sector azucarero decidió iniciar un proceso de acercamiento y sensibilización con el grupo de actores institucionales, en especial con las administraciones municipales, la Procuraduría Ambiental y Agraria y el Consejo Directivo de la cvc.
Con los actores comunitarios, Asocaña desarrolló las siguientes fases:
1) elaboración del mapa social, 2) difusión de la normatividad ambiental, análisis participativo de las situaciones ambientales relacionadas con la quema de la caña, 4) formulación participativa de soluciones a las situaciones ambientales identificadas y 5) concertación de soluciones con los diversos actores sociales.
Descripción de inconvenientes, retrasos o dificultades evidenciadas en el proceso de participación ciudadana y el papel de la cvc frente a estos
El ejercicio participativo se desarrolló en 16 municipios del departamento y se constituyó en un referente de participación para los próximos trámites de permisos de quema ante la cvc. Sin embargo, hubo dificultades con la respuesta a las convocatorias realizadas por Asocaña, ya que muchos de los actores afectados por la quema no se hicieron presentes en estas reuniones.
Esto conlleva a plantear que en los procesos de participación ciudadana en temas ambientales se requiere el empoderamiento por parte de los actores sociales para hacer efectivos los mecanismos de participación y de esta manera incidir en la toma de decisiones frente a problemáticas tan complejas como las ambientales. De nada sirve que se abran los espacios de participación si los actores sociales están ausentes.
La ausencia de una participación significativa representó una pérdida de oportunidad para los actores sociales afectados por la quema de la caña, pues en el 2011, cuando la cvc otorgó la renovación del permiso de quema de caña al sector azucarero por cinco años más, mediante la Resolución 0100-0833, las obligaciones de Asocaña e ingenios afiliados con respecto a la participa- ción se redujeron a presentar a la cvc un informe semestral sobre la gestión social realizada y a informar previamente a la Corporación sobre los talleres y convocatorias que realice el sector con los actores sociales.
Logros, avances y resultados de la gestión de la cvc frente al tema de la participación ciudadana
El haber propiciado un acercamiento entre un sector económico y el sector social para analizar de manera conjunta una problemática pone de manifiesto la importancia de tejer relaciones válidas que permitan el diálogo, la concertación, el disenso y el acuerdo. En este caso el conflicto adquirió un cariz positivo que permitió entenderlo como una oportunidad para la transformación de las relaciones sociales.
Lograr establecer un ensamblaje entre las ciencias exactas y las ciencias sociales, que generen un nuevo conocimiento que articule el saber técnico con el social es un proceso que puede contribuir a replantear el concepto tradicional de desarrollo. Este último no debe ser visto solo como crecimiento económico, sino que debe posibilitar el crecimiento humano. Como dice Ángel: “no solo en unos pocos lugares, por unos pocos años, sino para todo el planeta y hasta un futuro remoto”, lo que exige un sistema político que asegure la participación ciudadana en la toma de las decisiones (Ángel, 1995). Sin embargo, para que este proceso sea exitoso, se requiere un mayor desarrollo del componente de educación ambiental que asegure la participación de los actores sociales. La educación ambiental no solo debe ser concomitante al proceso participativo, sino que debe precederlo para que así los actores socia- les adquieran herramientas que les permitan dimensionar las problemáticas ambientales e interesarse por participar en su resolución.
Conclusiones
El tratamiento de los conflictos ambientales necesita la generación de procesos de participación ciudadana estructurada por parte de actores sociales, a través de procesos educativos y comunicativos que permitan entender, comprender y darle salidas al conflicto ambiental.
El caso de la quema de la caña de azúcar se manejó como un problema social que confrontaba intereses económicos individuales contrapuestos. Desde el enfoque de los derechos humanos, la participación cumple un pa- pel fundamental en la transformación de los conflictos ambientales, ya que permite un ejercicio real de la ciudadanía, que asume un papel protagónico en la conquista de sus derechos.
Por lo tanto, es necesaria la existencia de ciudadanos y ciudadanas, de organizaciones sociales y de agentes participativos que usen esas oportunidades y las traduzcan en acciones encaminadas a democratizar y cualificar los resultados de la gestión pública. Si los espacios se abren pero no se da la participación, es imposible alcanzar los resultados esperados.
La propuesta va hacia la educación ambiental, la participación ciuda- dana y la comunicación como principales agentes de cambio, orientados a la construcción y el seguimiento de los modelos de resolución de conflictos ambientales como procesos clave de entendimiento, desarrollo y bien común.
En respuesta a Hola Olga, gracias y… por Olman Mora
Hola, Olga, un placer en saludarle.
Gracias por tan importante aporte que nos ilustra concretamente como se dan los procesos participativos y educativos por medio de un caso concreto....
Efectivamente, no hay participación ciudadana efectiva sino hay un proceso educativo, que informe, ilustre y forme los diversos entes, líderes y ciudadania comunitaria. Este proceso educativo debe ser transparente y que forme criticamente y propositivamente al ciudadano para que interiorice y se apropie de sus problemas que afectan su calidad de vida y los recursos naturales. También la acción educativa debe generar capacidad para hacer que se "muestre" el interés en la solución. Sin interes en participar y contribuir a la solución, no hay transformación de la realidad que se vive.
Al menos en CR, esta educacion dirigida a la población, desde la institucionalidad es baja o nula, aunque en la legislación se estipule, como le comentaba hace unos días. Lo cual evidentemente facilita el desenvolvimiento del capital en sus diferentes manifestaciones, muchas veces desde una vision des-integral afectando la calidad de vida y la salud del ambiente. Los proyectos de desarrollo, agroproductivos sobre todo, aun nos quedan debiendo, aunque hayan tenido una viabilidad ambiental, pues muchas veces los monitoreos son "ex post" y no "ex ante", pues hay dificultad institucional de estar siempre cerca del desarrollo.
Hoy tambien, en mi país, existen problemas con piñeras por contaminacion de nacientes, problemas de salud de las personas y en la parte cañera no es la excepción, problemas de salud, contaminacion del aire, muerte de pequeña fauna, etc. Y aunque en ambos procesos existen mesas de trabajo y dialogo, la representacion ciudadana afectada es reducida, lo cual da espacio para llegar a acuerdos, que no siempre son buenos para los afectados, entre la parte empresarial y la institucional.
Esto puede tener algunas explicaciones; en primer lugar, muchas veces los encuentros para dialogar sobre un tema se realizan en horas primarias del dia, cuando buena parte de la ciudadania se encuentra trabajando para lograr su reproduccion y el de la familia. En segundo lugar, muchas veces se maneja mayor comunicacion entre la institucionalidad y la parte empresarial, llevando a las reuniones ya las cosas, como decimos en buen tico "cocinadas" y ante la inaccion social, se aprueba con ligeresa el asunto en cuestión. Hace un tiempo, se propuso un decreto más estricto sobre "quemas", y vasto que el Ministerio de Agricultura y Ganaderia, expresara que no se modificaba el actual decreto, para que no se siguiera con la nueva propuesta y no hubo nadie de peso (ni sociedad organizada, ni poder ejecutivo o presidencia,etc.) que expresara lo contrario. Eso deja un sinsabor para seguir participando....Por ultimo, existen ocasiones en que la sociedad organizada de las comunidades rurales donde se desarrollan los procesos productivos extensivos, carececen de conocimientos y escolaridad mínima, lo que facilita el desarrollo polarizado y sin tropiezos.
Hoy vemos con exito la oposicion de zonas indigenas de la parte sur del país, que por alrededor de 30 años se han opuesto a la construcción de una represa hidroelectrica, con miles de millones invertidos en procesos de concertacion social, infraestructrua y estudios, hoy la dirección ejecutiva del ente impulsor y encargado de la produccion y distribucion de energia (ICE), ha dicho que "el proyecto no va ya" pues no hay necesidad de producir más cantidad de energia hidráulica. Estas comunidades que serian trasladadas sin duda han celebrado la decision de la administración.
Continuando en la reflexión y haciendo referencia al "indice de demoracia ambiental" que nos refirio don Luis Paternina, yo dudo que situación como las descritas lineas arriba, se tomen como indicadores para definir o calificar una "precaria o suficiente, democracia ambiental", yo presumo que muchas veces la institucionalidad responde de acuerdo a lo que se especifica en las leyes, sobre el tema de la participación, las condiciones para un desarrollo ambiental integral y sostenible, la permisologia, las garantian ambientales, etc., pero como dice el adagio "del dicho al hecho hay mucho trecho". Es decir, lo que se da en la realidad "donde ocurren y afectan los hechos" no es lo mismo que el legislador estipulo en el documento juridico o lo que especifico el profesional en los procedimientos administrativos.
Esta realidad, es digna de estudio e investigación, es decir, como develar las inconsistencias que se producen entre lo escrito y la práctica.
Saludos y buen fin de semana!!!!
Olman Mora
Hola a todas y todos!
Me gustaría invitarlos a revisar documento de reflexión que preparó Olman Mora para el intercambio de conocimientos que han realizado.
Saludos, que tengan un excelente día.
Documento de cierre: ver