Una institucionalidad social fortalecida

Construir políticas sociales de calidad equivale a consolidar su institucionalidad; es decir, avanzar en la adopción de normas y leyes adecuadas, mandatos claros, esquemas de organización y coordinación efectivos, instrumentos de gestión adaptados a los desafíos y un financiamiento suficiente y constante. Al contribuir a la construcción de políticas sociales de calidad que reducen la pobreza, la institucionalidad social disminuye las desigualdades, garantiza derechos y asegura el acceso al bienestar, fortaleciendo la cohesión social.

Una institucionalidad social efectiva también debe adaptarse a nuevos desafíos y demandas, adecuar sus normas, mejorar sus mecanismos de articulación y coordinación con viejos y nuevos actores, adaptar y perfeccionar sus instrumentos de gestión y optimizar el uso de los recursos y/o reorientándolos a nuevos objetivos.  

La capacidad de respuesta de la institucionalidad social ha estado a prueba durante la actual crisis del COVID-19, y la extensión de sus impactos continuará generando nuevas demandas y desafíos. En ese sentido, algunas preguntas para estimular la discusión son:

¿Cuáles han sido los principales desafíos de coordinación con viejos y nuevos actores?  ¿Qué elementos positivos pueden relevarse de las acciones implementadas ante la crisis? ¿Cuáles serían las principales contribuciones realizadas al bienestar de la población y a la cohesión social?

¿Qué nuevos objetivos y qué adaptaciones de las acciones implementadas pueden vislumbrarse?  De entre las acciones de emergencia implementadas, ¿cuáles serán descontinuadas o, por el contrario, serán integradas al conjunto de programas sociales? ¿Pueden identificarse nuevas prioridades en términos de bienestar y cohesión social?

Les invitamos a ingresar abajo para participar con nuestra primera discusión con el tema "Territorialización de la ARDSI en lo local".